Las viviendas de uso turístico aumentan en Castilla y León
La Junta actualiza la ley para que los ayuntamientos regulen las licencias de viviendas turísticas y controlen su impacto dentro del mercado del alquiler
Castilla y León da un paso al frente para regular las viviendas de uso turístico, entregando a los ayuntamientos la autoridad para emitir licencias y controlar su impacto en el alquiler residencial. Esta nueva normativa da respuesta al incremento del 167,48% en viviendas turísticas, pasando de 1.664 en 2019 a 4.451 en 2024.
Nueva regulación en manos de los ayuntamientos
Las viviendas de uso turístico aumentan en Castilla y León a un ritmo alarmante. La Junta ha decidido intervenir en el mercado de la vivienda como método para intentar bajar el crecimiento desmedido de estas propiedades, que han pasado de 1.664 en 2019 a 4.451 en 2024. Esta medida tiene como objetivo delegar en los ayuntamientos la autoridad para la emisión de licencias de cambio de uso de residencial a turístico, para que se adapte así a las diversas situaciones particulares de cada municipio.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está consultando con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) y los alcaldes para definir los detalles del nuevo decreto ley. Se prevé que los ayuntamientos de municipios con más de 5.000 habitantes, donde el «exceso» de viviendas turísticas puede impactar significativamente el mercado del alquiler, jueguen un importante papel dentro de esta regulación.
Impacto en el mercado y respuesta local
Las viviendas de uso turístico aumentan no solo en números absolutos, sino también en el impacto sobre el mercado de alquiler. La Junta considera que la elección de cambiar del mercado residencial hacia el turístico es una consecuencia de las políticas del Gobierno de España.
La nueva normativa se perfila con las iniciativas de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que tiene como meta fortalecer las condiciones para los apartamentos y alojamientos turísticos, haciendo que cumplimenten con los mismos requisitos que las casas rurales y hoteles. El director general de Turismo subrayó que no consentirán “ni economía sumergida ni competencia desleal”, insistiendo en que estos alojamientos deben operar como servicios profesionales.