Fondos para entidades locales: impulso a la cohesión

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La Junta de Castilla y León destina casi 65 millones de euros en 2025 a reforzar municipios y diputaciones provinciales, apoyando un desarrollo sostenible y equitativo

Los fondos para entidades locales marcan el compromiso de la Comunidad. En 2025, Castilla y León va a destinar casi 64,8 millones de euros a cubrir gastos diarios y financiar proyectos de inversión en los 2.248 municipios y 9 diputaciones provinciales, asegurando su compromiso con la modernización y la cohesión territorial.

Contexto y objetivos de la inversión

En un escenario marcado por la necesidad de reforzar tanto las operaciones como las inversiones en infraestructuras, la Junta de Castilla y León ha anunciado una gran dotación de recursos que alcanza casi los 64,8 millones de euros para el año 2025. Esta inversión será para apoyar a las entidades locales, asegurando que cada municipio y diputación provincial tenga los recursos necesarios para afrontar sus retos diarios y ejecutar proyectos a largo plazo.

La composición de estos fondos será FIP y FCELG

Fondo Propio de Participación Fiscal (FIP): Con más de 14 millones de euros, este fondo se financia sobre todo con la recaudación del impuesto sobre el impacto ambiental de la producción de energía, permitiendo a los ayuntamientos y diputaciones provinciales disponer libremente de los recursos para cubrir gastos de funcionamiento.

Fondo General de Cooperación Económica Local (FCELG): Con casi 50,7 millones de euros, se complementa con 983.000 euros adicionales para compensar la pérdida de ingresos por los cambios en la estructura tributaria, asegurando que las entidades locales no sufran una disminución de su capacidad financiera.

Criterios de reparto y equidad en la distribución

La distribución de estos fondos se ha estructurado atendiendo a criterios objetivos, en función de:

La población de cada municipio.
Las competencias asignadas y el número de entidades locales en los municipios pequeños.
Factores demográficos, como el número de personas mayores de 65 años.

Así, el 55% de los recursos se destinan a municipios de menos de 20.000 habitantes, el 25% a municipios de mayor tamaño y el 20% restante a diputaciones provinciales. Esta metodología permite incrementar la inversión un 3%, adaptándose a las nuevas realidades económicas y demográficas de la región castellanoleonesa.

Inversiones en infraestructura y servicios públicos

El impacto de la inversión va más allá de simplemente cubrir los gastos operativos. La dotación, de casi 64,8 millones de euros, se destina a impulsar proyectos estratégicos que transformen las infraestructuras y mejoren la calidad de vida. Estos proyectos incluyen inversiones en:

Alumbrado público y pavimentación: mejoras en la infraestructura urbana que facilitan la movilidad y la seguridad en las calles.
Parques y jardines: espacios públicos que fomentan la convivencia y el bienestar de los ciudadanos.
Modernización del riego: el caso del canal de San José

Uno de los proyectos más importantes es la modernización del sistema de riego del canal de San José, con una inversión de 3.812.590 euros. Financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), este proyecto incluye:

Construcción de una nueva estación de bombeo.
Instalación eléctrica de alta tensión para optimizar el uso del agua.

Se espera que estas medidas resulten en un ahorro del 20% en el consumo de agua y un aumento del 30% en el valor añadido bruto por hectárea, lo que beneficiará tanto a los agricultores como al medio ambiente.

Fortalecimiento del transporte escolar

La Comunidad también ha destinado 16,6 millones de euros para reforzar el transporte escolar. Este presupuesto se invertirá en la contratación de 1.070 acompañantes para los 920 viajes que benefician a más de 36.000 estudiantes.

La medida, que se extenderá hasta 2027 (con posibilidad de prórroga), tiene como objetivo mejorar la seguridad de los estudiantes durante sus desplazamientos diarios y garantizar el cumplimiento de las normas y garantizar el bienestar de los niños.

Ajustes fiscales y compromiso con la equidad

Hasta el año pasado, el FIP se complementaba con recursos del impuesto a la disposición de residuos en vertederos. Sin embargo, la creación de un nuevo impuesto estatal -que grava la eliminación, incineración y coincineración de residuos- obligó a la Junta a cambiar su estructura financiera. Este ajuste permitió que la estrategia de inversión se mantuviera en línea con los objetivos de capital, garantizando que las entidades locales no vean disminuir sus ingresos y puedan continuar con su labor de mejora y modernización.

Cohesión territorial: un compromiso global

La asignación de fondos a las entidades locales se traduce no sólo en una mejora inmediata de los servicios públicos, sino también en un compromiso a largo plazo con el desarrollo regional. La inversión en proyectos de infraestructura y modernización tiene como objetivo:

Promover el crecimiento sostenible de los municipios.
Impulsar la economía regional y fomentar la creación de empleo.
Consolidar una red de servicios públicos que beneficie a todos los ciudadanos.

El plan de inversiones de casi 64,8 millones de euros para el año 2025 supone una apuesta decidida por el futuro de Castilla y León. Con los fondos asignados a las entidades locales, el Gobierno Regional no sólo fortalece la capacidad operativa de municipios y diputaciones provinciales, sino que también impulsa proyectos estratégicos que modernizan la infraestructura y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Esta política de inversiones, basada en criterios objetivos y adaptada a las nuevas realidades fiscales y demográficas, sienta las bases para un desarrollo regional sólido y sostenible.