Ayudas para seguros agrarios con una inversión histórica. La Junta de Castilla y León lanza una convocatoria de propuestas de 15 millones de euros para mejorar la protección de las zonas rurales frente a las inclemencias del tiempo. Las nuevas líneas de financiación estarán disponibles en junio.
La Junta de Castilla y León ha lanzado la mayor convocatoria de propuestas de ayudas para seguros agrarios de su historia. Con un presupuesto de 15 millones de euros, la iniciativa busca mitigar el impacto de los fenómenos meteorológicos, las pérdidas económicas o los daños en las explotaciones agrarias. Pueden participar agricultores y ganaderos, personas físicas y jurídicas, cooperativas o explotaciones agrarias colectivas, siempre que estén ubicados en la región.
Esta medida representa un nuevo récord de inversión regional en este ámbito y refleja la intención del gobierno de ofrecer apoyo concreto para afrontar los riesgos agrarios, especialmente ante la creciente incertidumbre climática y económica.
Durante la clausura de la gala de los Premios Surcos en Benavente, el presidente Alfonso Fernández Mañueco anunció tres nuevos programas de apoyo que entrarán en vigor a principios de junio. Su objetivo es promover la apicultura, proteger la cría de animales e impulsar la internacionalización del sector agroalimentario, incluyendo la cobertura de certificaciones y seguros de exportación.
Estas iniciativas forman parte de una estrategia integral para fortalecer la competitividad de las zonas rurales y responder con rapidez a desafíos como la política aduanera internacional.
Mañueco reiteró el compromiso de su gobierno con una PAC más justa que beneficie a los agricultores profesionales, garantice la igualdad de condiciones y los proteja contra la competencia desleal. También destacó el plan agroalimentario, con una inversión de 438 millones de euros, así como los esfuerzos para revitalizar las zonas rurales: se contrataron 1.300 jóvenes, se modernizaron 2.000 explotaciones agrícolas y se apoyó a más de 17.000 personas afectadas por la sequía o enfermedades animales. Otras medidas incluyen la promoción de 24.000 hectáreas de regadío y una reducción del 95 % en los costes veterinarios.
En su discurso, el presidente también hizo hincapié en la defensa del sector de la remolacha azucarera, calificándolo de estratégico. Rechazó el ERE anunciado por Azucarera y propuso un ERTE (Plan de Retirada) como alternativa viable para salvaguardar el empleo y la actividad agraria. La empresa se comprometió a cubrir los costes adicionales de transporte y a mantener la producción y la logística, pero exigió un mayor compromiso del Gobierno central.
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