Pese a que el Ingreso Mínimo Vital ha beneficiado a más de 340.000 hogares en 2023, en Castilla y León más de 600.000 familias vulnerables no obtienen esta prestación, ya sea por la desinformación de su elegibilidad o por la existencia de otras ayudas autonómicas.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV), introducido en 2020 como apoyo a las familias más vulnerables, ha mostrado un incremento del 20% en su cobertura en Castilla y León, alcanzando a 342.856 hogares en 2023. A pesar de estos logros, solo el 36% de los posibles beneficiarios han conseguido esta ayuda, según la Autoridad Fiscal (Airef).
Este bajo porcentaje es consecuencia del gran desconocimiento de los hogares sobre su derecho al IMV o a la preferencia por otras ayudas locales como la Renta Garantizada de Ciudadanía. Estas variables ayudan al significativo «non take up» del 54% en la región, donde más de la mitad de los hogares elegibles no han pedido la prestación.
Para mejorar la situación, la Airef recomienda reformar el diseño del IMV con campañas informativas más efectivas y estableciendo objetivos concretos de reducción de la pobreza. Es esencial optimizar la accesibilidad y claridad de los requisitos del IMV para asegurar que llegue a todas las familias vulnerables que lo necesitan.
A pesar del impacto positivo del IMV en la reducción de la pobreza, se obstinan algunos desafíos significativos en su implementación en Castilla y León. La falta de conocimiento sobre la prestación y las barreras administrativas de la burocracia continúan siendo obstáculos importantes para su plena utilización.
La Airef destaca la necesidad de mejorar la gestión y la transparencia del IMV, así como de fortalecer las estadísticas y evaluaciones continuas para mensurar su efectividad. Esto comprende ajustar los criterios de elegibilidad para hacerlos más accesibles y garantizar una aplicación justa y equitativa en toda la región castellanoleonesa.
Mientras el Ingreso Mínimo Vital ha manifestado ser un instrumento decisivo en la protección social, su potencial al total aún no se ha realizado en Castilla y León. Se requieren esfuerzos continuos y coordinados para apalear los desafíos actuales y garantizar que todas las familias vulnerables puedan beneficiarse de manera efectiva de esta ayuda vital.
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