La comunidad autónoma de Castilla y León destaca en el ámbito agrario según el censo agrario del INE (Instituto Nacional de Estadística). Es la región con mayor número de cabezas de ganado bovino, la segunda en ovino y porcino, la quinta en aves de corral y la primera en conejas. Además, lidera el tamaño medio más alto por explotación y es el mayor productor de cereal en el país. Sin embargo, a pesar de su importancia agrícola, el Gobierno ha excluido a Castilla y León de la categoría de afección alta por la sequía, negándole las ayudas máximas.
Esto ha limitado a la mitad las ayudas recibidas en comparación con otras comunidades autónomas como Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana.
Donaciano Dujo, presidente de ASAJA Castilla y León (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), expresa su preocupación por esta situación y cuestiona el criterio del Ministerio de Agricultura para distribuir las subvenciones. La sequía ha tenido un impacto catastrófico en la región, donde se estima una pérdida de 2.000 millones de euros. La falta de pastos ha afectado especialmente a la ganadería extensiva, como la ovina-caprina y el vacuno, obligando a los ganaderos a comprar pienso y forraje a precios elevados.
Lorenzo Rivera, coordinador general de COAG Castilla y León (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), también critica la catalogación del Gobierno y considera que es un agravio comparativo. Por ejemplo, los ganaderos de Cáceres, clasificados como afección alta, reciben una ayuda de 157 euros por vaca de carne, mientras que los de Salamanca, clasificados como afección media, solo reciben 78,5 euros por vaca.
Las organizaciones agrarias demandan una rectificación por parte del Ministerio de Agricultura y solicitan que se trate a Castilla y León como la región agraria y ganadera más productiva, puediendo recibir las ayudas máximas por sequía. ASAJA estima que las pérdidas superarán los 20.000-30.000 euros por explotación, mientras que las ayudas anunciadas son significativamente inferiores. Instan a las administraciones a aportar al menos 1.000 millones de euros en ayudas para cubrir las pérdidas y garantizar la supervivencia de los profesionales del sector.
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